miércoles, 12 de marzo de 2025

MILEI Y SU INDIFERENCIA A LOS /AS JUBILADOS

 En 2025, los jubilados en Argentina enfrentan crecientes dificultades debido a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. Estos cambios han intensificado la vulnerabilidad de este sector social, aumentando las tensiones en su bienestar económico y social.



La Ley de Reforma Previsional Una de las medidas más discutidas por el gobierno de Milei ha sido la reforma previsional, que ha resultado en una disminución de los haberes jubilatorios. Esta reducción afecta gravemente a los jubilados, que ya viven con pensiones bajas y sufren la inflación.





Aumento de la Pobreza en los Jubilados Con las políticas de Milei, más jubilados caen en la pobreza. La inflación descontrolada y la disminución de los haberes no permiten que los jubilados cubran sus necesidades básicas, como la alimentación y la salud.




Recorte en los Beneficios Sociales Además de los recortes en las pensiones, el gobierno de Milei ha eliminado o reducido varios programas sociales que benefician a los jubilados, como descuentos en medicamentos, subsidios de transporte y otras ayudas directas.




 La Violencia Económica La violencia que sufren los jubilados no es solo física, sino también económica. La incapacidad de acceder a una vida digna debido a la falta de recursos provoca situaciones de angustia y estrés. Esta violencia económica afecta su salud mental y bienestar.



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Filmina 7: Impacto en la Salud La falta de recursos lleva a que muchos jubilados no puedan acceder a atención médica adecuada. Esto se agrava por el aumento de los precios de los medicamentos y la falta de acceso a tratamientos de calidad, lo que pone en riesgo su salud.





Abandono Institucional El gobierno de Milei ha mostrado desinterés por mejorar las condiciones de vida de los jubilados, con recortes en el presupuesto destinado a la seguridad social y una escasa inversión en infraestructura para atender a esta población vulnerable.




 ¿Por Qué Debemos Acompañarlos? Los jubilados son una parte esencial de nuestra sociedad. Acompañarlos es un acto de justicia social. Ellos han trabajado toda su vida y merecen recibir un trato digno. Defender sus derechos es defender los principios de solidaridad y equidad.




Llamado a la Acción Es momento de exigir un cambio en las políticas gubernamentales para garantizar que los jubilados reciban lo que les corresponde. Necesitamos un compromiso por parte de la sociedad y las instituciones para erradicar la violencia económica y social que sufren los jubilados en Argentina.


PEDIDO DE INFORME A SUBSECRETARIA DE CONTROL DISCIPLINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

 

DENUNCIA MALTRATO / HOSTIGAMIENTO / DISCRIMINACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE CONTROL DISCIPLINARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

DRA RODRIGUEZ MARIA VICTORIA

S_____/__________D 

Aldo  DNI XXXXXXXXX, con domicilio XXXXXXXX,    con causa abierta contra el el magistrado del Juzgado de Garantias nro 3 y la secretaria Romina Luongo   en IPP -07-00-031022-24/00, con intervención de la UFI nro. 8  y el Juzgado de Garantías nro. 8 departamental,  y en causa frente la subsecretaria de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires por derecho propio me presento y digo:

En virtud de las denuncias presentadas por insultos y ataques verbales y psicológicos hacia mi persona por parte de los mencionados funcionarios públicos, solicito formalmente se me informe acerca del estado actual y las novedades sobre la causa en curso. Esta solicitud se fundamenta en la Ley Nacional N° 24.760 (Código Penal), que sanciona el abuso de autoridad, el maltrato y los tratos crueles e inhumanos, conforme a lo dispuesto en el artículo 248 y el artículo 249 del Código Penal argentino, que tipifican las conductas abusivas cometidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.

A este respecto, es importante recordar que la Constitución Nacional, en su artículo 18, establece que todas las personas deben ser tratadas con dignidad y que los abusos cometidos por autoridades públicas, incluidos los maltratos psicológicos y verbales, son contrarios a los principios fundamentales de nuestra democracia. Del mismo modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), ratificada por Argentina, en su artículo 5, garantiza el derecho a la integridad personal, lo que incluye la protección contra abusos y maltratos tanto físicos como psíquicos.

A fin de que se tomen las medidas correspondientes para garantizar la reparación de los derechos vulnerados, y en virtud de la Ley 25.188 de Ética Pública, solicito también se me informe si ya se ha dispuesto un abogado defensor de oficio, conforme me corresponde, para hacer valer mis derechos en este proceso. Esta solicitud se basa en el derecho a la defensa en juicio, garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y la legislación procesal vigente.

Finalmente, reitero la gravedad de la situación, ya que el trato dispensado por los funcionarios públicos mencionados, Gustavo Gaiug y Romina Luongo, resulta en una clara violación de mis derechos humanos fundamentales, tanto en el plano penal como disciplinario. Por ello, ruego se priorice esta solicitud y se me brinde una pronta respuesta.

Sin otro particular, agradezco la atención prestada y quedo a la espera de la notificación correspondiente.

Atentamente,